Oído en una sauna.

Esta mañana he sido testigo mudo de una conversación que, en cierta forma, permite comprender el porqué de algunas de las cosas curiosas que suceden en Andalucía. Éramos cuatro los que, en la penumbra de la cabina, estábamos sentados, casi hombro con hombro, gozando del dudoso placer de sudar. La puerta se abrió y otro aspirante a disfrutar de las delicias nórdicas se incorporó al grupo.
̶ Buenos días. Hombre, Antonio. No te esperaba aquí.
̶ Hola. Aquí me tienes. Hoy he venido más tarde.
̶ Esta mañana he visto en el periódico el dinero que le van a dar a tu pueblo.
̶ ¿El dinero que le van a dar a mi pueblo? ¿En qué periódico?
–No sé si es el dinero que le van a dar o el que han pedido. Viene una lista de pueblos en el Diario de Sevilla.
–No lo he visto. Me imagino que ahora que han pasado las elecciones a mi pueblo le van a dar tela de dinero.
–¿Ahora que han pasado las elecciones?
–Claro. Ten en cuenta que mi pueblo es de Izquierda Unida y que ahora, junto con el PSOE, Izquierda Unida tiene mayoría absoluta. Ya te puedes imaginar que a cambio han debido exigir que la Junta les dé a sus pueblos por lo menos el mismo dinero que a los pueblos del PSOE. Ahora el dinero no nos va a faltar.
Desgraciadamente tan jugoso dialogo se desvió del asunto de los dineros y, al centrarse en la última victoria del Real Madrid, perdió su interés para mí.
El centro deportivo, de propiedad municipal, lo frecuentan gentes de distintos los niveles económicos y culturales, pero predominan los que podríamos llamar trabajadores urbanos de nivel medio bajo. Los protagonistas de la conversación rondaban los treinta años, cinco arriba o cinco abajo, y yo diría que cuadraban perfectamente con el modelo predominante de andaluz urbanita
Los pormenores de la conversación han seguido rondando por mi mente al regresar a casa y no he podido resistir la tentación de sentarme ante el ordenador y abrir el escritorio del blog. Lo absurdo y la candorosa  inmoralidad que revelaban mis vecinos de sauna me había dejado perplejo.
“Mi pueblo es de Izquierda Unida”. Así, tal como suena. No decía “el alcalde de mi pueblo es de Izquierda Unida”, ni tampoco “en mi pueblo gobierna I.U”. No. Su pueblo es de Izquierda Unida. Seguramente la afirmación corresponde a la verdad y el pueblo es de Izquierda Unida. Pueblo de  Izquierda Unida en una relación de adhesión incondicional de la gente del pueblo al partido, adhesión a la cual el alcalde y los concejales de Izquierda Unida corresponden con el enraizado convencimiento de ser los amos del pueblo. No sé el nombre del pueblo en cuestión, pero hay muchos en Andalucía propiedad de los partidos; Véase, a título de ejemplo, el pueblo gobernado por el increíble Sánchez Gordillo.
Sin ningún rubor nuestro amigo declara: "...han debido exigir que la Junta les dé el mismo dinero que a los pueblos del PSOE". Al parecer, encuentra natural que Izquierda Unida "venda" su apoyo  al PSOE por "más dinero para sus pueblos". Pero hay que reconocer que el hombre no está muy lejos de la verdad: En Andalucía y en otras muchas zonas de España la financiación de los ayuntamientos puede depender de las "afinidades políticas".
Pero lo más triste es que la conversación revela un enorme desconocimiento o un terrible indiferencia por la situación económica del país. 
En Andalucía -y en otros muchos lugares- todavía son muchos los que creen que solamente puede faltar el dinero público "a los otros".

De las mamandurrias y otros gozos.

Dice la Academia que las mamandurrias son los salarios que se cobran sin haberlos ganado. Viendo lo que  acontece diariamente en esta nuestra triste España, una sencilla reflexión me ha llevado a concluir que lograr una mamandurria es la máxima aspiración de un buen número de nuestros conciudadanos, fervorosos creyentes todos ellos de que el trabajo es un castigo divino, y que, gracias a nuestra singular organización jurídico político administrativa, son muchos, muchísimos, los que ven satisfecha tan lúcida, e incluso piadosa,  aspiración.
El inventario de los "puestos de trabajo" que tienen como única obligación el poner la mano cada primero de mes para recibir un estupendo estipendio es inconmensurable. Se trata de un listado que abarca entre otros muchos  a nuestros ínclitos senadores, que para nada sirven,  a los miembros de los consejos de administración de las más diversas empresas públicas y semipúblicas,  a los altos cargos de esos cientos de fundaciones, observatorios y otras muchas entelequias con las que se han adornado nuestras administraciones, a los mil asesores pagados por el erario público que rodean a nuestros políticos, politiquillos y politicastros desde el mismo momento en que ocupan sus cargos, y no digamos al sin número de liberados sindicales que, como sanguijuelas sedientas, chupan los jugos de los presupuestos públicos y privados sin dar nada útil a cambio. ¡Cobrar sin trabajar! ¡Demostración hispánica de inteligencia! ¡Tonto el que curre!
Y si no quedase más remedio que trabajar para cobrar,  habrá  que "optimizar los rendimientos": En cuanto uno de nuestros conciudadanos es elegido alcalde de su pueblo, aprovecha el primer pleno municipal para proponer la consabida subida de sueldo, de la que él será el primer beneficiario. Los padres de la patria, senadores, diputados y diputadillos de todos los colores, se afanan por lograr que los presupuestos de las cámaras  carguen con sus jugosos planes de pensiones, con sus nada modestas dietas y con todos los gastos que "sus señorías"  puedan, mal que bien, aducir. Coches oficiales, viajes "gratis total" en trenes y aviones, gastos de representación sin control, gimnasios y saunas  de uso exclusivo, son algunos de los gajes que adornan eso que irónicamente se suele llamar "servicio público".
A nuestros nuevos gobernantes se les llena la boca de palabras tan altisonantes como "austeridad", "control", "reducción", "honradez", cuando hablan de las reformas que van a acometer. Ojalá podamos ver algún día semejante maravilla,  pero hay algo en el fondo de mi ser que me obliga al pesimismo. Mucho me temo que el PP del Sr. Rajoy no será distinto de lo que ya hemos visto muchas veces en estos treinta años. Una vez que los señores ministros, secretarios de estado, directores generales, consejeros, vice consejeros, etc. etc., estén bien asentados en sus poltronas, la tradición de las mamandurrias  mostrará su poderío y todos ellos se dedicarán sin ningún recato  a repartir sinecuras y prebendas, a "colocar " a sus parientes, amigos y colegas. A fin de cuentas, ¿qué importa? Paga el Estado. ¡Lo malo es que Estado somos tú y yo, mi querido amigo!

Copago

Están de moda las "consignas absolutas", e incluso las "palabras absolutas".  En unas circunstancias económicas en las que falta dinero para casi todo, los políticos y los voceros de todos los colores han convenido que "la sanidad y la educación son intocables". Esta intocabilidad se ha convertido en dogma y, en consecuencia, sobre los que alberguen dudas debe caer el anatema. ¡Ay de aquel que pretenda hablar de los mil derroches y dislates que trufan las actuaciones de nuestros diecisiete pseudo ministerios de educación y de los correspondientes diecisiete pseudo ministerios de sanidad! ¡Ay de aquel que insinúe la necesidad de analizar las incongruencias existentes en las jornadas de trabajo y en las guardias de los  médicos! ¡Ay de aquel que intente recordar a tirios y troyanos que en nuestro país tenemos el record mundial de consumo de fármacos! ¡Ay de aquel que, con estudios y estadísticas en la mano, proclame que sin disminuir la calidad asistencial del sistema nacional de salud se pueden racionalizar y reducir sus costos! No. ¡Esas críticas son odiosas y no deben ser toleradas! ¡Todos los objetores del dogma son simplemente capitalistas antisociales y fascistoides!
Según los ayatolás de la intocabilidad, aumentar en un cinco a diez por ciento el número de alumnos por aula o incrementar en dos horas semanales la dedicación real de los profesores (muy inferior siempre al máximo legalmente permitido) hundiría nuestro sistema educativo en los abismos del subdesarrollo. Según esos defensores de los derechos adquiridos no debemos exigir a las universidades que nos expliquen algunos de sus gastos. Dicen que al hacerlo vulneraríamos el derecho que las asiste para gestionar autónomamente sus recursos. Pero ese dinero es de todos los españoles y los problemas de gestión  existen, y no sólo en las universidades. ¿Es necesario y factible gastar dinero en proveer de ordenadores portátiles a todos los alumnos de primaria, al margen de la capacidad económica de sus familias? ¿Son imprescindibles las pizarras electrónicas en los colegios públicos aunque después no exista presupuesto para su carísimo  mantenimiento? ¿Deben ser gratuitos los libros de texto para todos los alumnos?
Decíamos en las primeras líneas que también hay "palabras absolutas". En las  páginas de los periódicos suelen abundar desde hace tiempo las referencias a un vocablo que curiosamente brilla por su ausencia en el DRAE. Estamos hablando de copago, palabra que, según  en la boca de quien, unas veces se demoniza y otras se sube a los altares.
Pero. ¿Qué  significa esa palabra? ¿Qué es el tan denostado o deseado copago? La Academia, tan proclive a aceptar lo moderno, puede que no tarde mucho en aceptarla en su diccionario, pero de momento copago se encuentra en ese interesante limbo que alberga lo indefinido y lo mostrenco. Como todo lo que no tiene dueño, nuestra palabra es objeto de uso y abuso y cada uno la arrima a su sardina libérrimamente. De acuerdo con las reglas de la lengua, copagar debería significar pagar juntos o pagar conjuntamente y, en el sentido en que se viene utilizando, el conjunto lo formarían los sujetos que pagan, no los  objetos que se pagan. Pero, cuando un ciudadano  abona una tasa, o un sobreprecio, para recibir un bien o un servicio financiado con los impuestos, ¿Quienes pagan? El servicio de correos se financia con dinero público. ¿Los sellos de correo son una forma de copago? Los ferrocarriles, RENFE y ADIF, son deficitarias y se nutren de los presupuestos del estado. ¿El pago de los billetes de tren es una forma de copago? Si aceptamos esa forma de entender el término, estamos aceptando que en el copago el individuo se une al resto de la sociedad para pagar lo que "él" recibe. No parece injusto que aquel que recibe el bien contribuya en mayor proporción a su financiación que los que sin recibir nada a cambio lo financian con sus impuestos. Cuando los bienes o servicios en cuestión cubren las necesidades básicas de los individuos, como sucede con la sanidad y la educación (y con otras muchas necesidades que fácilmente se olvidan), la salvedad que se debe hacer al copago es que en ningún modo puede ser causa de que aquellos que carecen de capacidad económica  para afrontarlo se vean privados de algo a lo que tienen derecho. Deberíamos llamar a los copagos por su verdadero nombre, tasas, y en cada caso que se plantee tendríamos que considerar la  conveniencia, o la inconveniencia, de su aplicación con criterios fundados en el sentido común y no en la demagogia.
El pago de un euro por cada receta médica es, en estos momentos, "el copago" en cuestión. Aplicada con las excepciones y salvaguardas necesarias para evitar la formación de bolsas de marginación, esta tasa podría contribuir a frenar la quiebra de nuestro sistema sanitario, que algunos consideran previsible a medio plazo,  y podría tener un efecto sanitariamente positivo al potenciar un menor consumo de fármacos. Aplicar una tasa a las recetas es más "social" que hacerlo a las consultas médicas o las pruebas de diagnóstico. Y quizás  habría que hacer ver a todos  los que demonizan el copago que es mejor un incremento moderado de la aportación directa de los ciudadanos a los gastos de farmacia que los recortes, de difícil control por parte de los beneficiarios, en la adquisición y mantenimiento de los medios y recursos tecnológicos de los hospitales y centros de salud.

Los inefables protocolos

Vivimos en una sociedad en la que nadie acepta el error de los demás y en la que todo aquel que se siente mínimamente perjudicado, por acción o por omisión, exige siempre culpables, castigos e indemnizaciones. Para solucionar el problema hemos elevado la aplicación de protocolos a la categoría de panacea universal, convirtiéndola en un ataráxico que permiten eliminar cualquier tipo de responsabilidad o remordimiento.
"Ningún funcionario ni profesional puede ser culpado de los desaguisados originados en el ejercicio de sus funciones si sus acciones se ciñeron estrictamente a los protocolos establecidos." Este dudoso axioma se aplica hoy día en todas las actividades, pero impera con especial rigor en el funcionamiento de las administraciones públicas, donde se considera siempre el procedimiento adecuado por mucho que la aplicación indiscriminada de los protocolos dé lugar frecuentemente a situaciones absurdas y a consecuencias desastrosas.
Ha saltado a las páginas de los periódicos el caso de un matrimonio jiennense detenido por castigar a su hija a no salir de casa unos días de fiesta. Parece ser que una adolescente de 16 años denunció ante la Guardia Civil de Baena que sus padres la habían castigado sin salir durante el puente del Día de Andalucía y que la habían encerrado en casa. Dado que el artículo del código civil que permitía a los padres corregir y castigar moderadamente a sus hijos fue eliminado en la reforma de 2007, la Guardia Civil consideró que los hechos denunciados por la menor podían ser constitutivos de delito y, en consecuencia, activó el protocolo correspondiente, dando conocimiento de los hechos a la fiscalía de menores, al juzgado y a los servicios sociales de la Junta de Andalucía. ¡La tempestad protocolaria estaba en marcha! Fiscalía de menores, juzgado y servicios sociales activaron inmediatamente sus respectivos protocolos y, de forma al parece automática, los padres fueron detenidos bajo la presunción de ser responsables de la detención ilegal de su hija, y ella fue internada en un centro de acogida de menores, a la espera de determinar la existencia de un posible estado de abandono. ¡Glorioso!
Cuentan los papeles que el juez dejó en libertad a los atribulados progenitores a la espera de la dilucidación de los hechos y que la hija sigue en el centro de acogida de la Junta de Andalucía donde, según la consejera de bienestar social Dª, Micaela Navarro, se sigue el protocolo para “saber exactamente qué es lo que ha pasado y para determinar si la menor se encuentra en una situación de desamparo o no, teniendo en cuenta que tiene 16 años, que no es mayor de edad”.
Hubiese sido maravilloso el que en lugar de “activar protocolos” algunos de los funcionarios implicados en el asunto se hubiesen tomado el trabajo de realizar, sin dilaciones, las averiguaciones necesarias para poder interpretar los hechos. Quizás un poco de diligencia y de sentido común nos hubiese ahorrado el asistir asombrados a lo que tiene todas las trazas de ser un esperpento jurídico-administrativo. Los padres no habrían sido detenidos ni sometidos a tan indeseable popularidad y la menor no habría tenido la poco recomendable experiencia de disfrutar de una estancia en un centro de acogida.
Los protocolos, cuando en lugar de ser procedimientos recomendados se convierten en automatismos ciegos, son el refugio dorado de todos los incompetentes, que se sienten liberados de la necesidad de  pensar y tomar decisiones, y son la desesperación de los funcionarios capaces y responsables a los que no permiten actuar según sus criterios de expertos.
P.S. No aclaran las crónicas si los guardia civiles, en aplicación de algún imprescindible protocolo, esposaron a los padres para llevarlos al cuartelillo. Sería terrible que la locura del automatismo moderno se hubiese combinado con lo más profundo de nuestra tradición policial: Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo.