Trabajador incansable, la actividad del magistrado parecía no detenerse ni de noche ni de día, pero ya en esa temprana época dejó entrever algunos de las facetas negativas que han caracterizado su forma de ejercer la jurisdicción, y que están en el origen de alguno de los hechos por los que el Tribunal Supremo lo juzga ahora a él. En muchas de sus instrucciones ha llamado la atención el escaso respeto por los derechos de las personas investigadas por su juzgado. Como ejemplo basta una muestra: En el caso de la llamada operación «Nécora», llevada a cabo para desarticular la organización criminal encabezada por el narcotraficante Laureano Oubiña, el tribunal que juzgó a los implicados no pudo tener en cuenta como prueba los pinchazos telefónicos ordenados por Garzón durante la instrucción, ya que no los consideraron ajustados a derecho. En la sentencia de ese caso los miembros del tribunal dedicaron cuarenta folios al análisis de las deficiencias legales de las escuchas. El juez no pareció sentirse aludido por las consideraciones del tribunal y achacó la escasa contundencia de las penas que se pudieron imponer a las carencias de nuestro sistema judicial.
A finales de los noventas, y hasta los albores del nuevo milenio, ETA y sus organizaciones afines sustituyeron al narcotráfico gallego como objetivos preferentes del Juzgado de Instrucción nº 5. Los periódicos Egin y Egunkaria, las organizaciones Xaki, Ekin, Jarrai, Haika, Segui y la misma Batasuna fueron investigadas, y a veces suspendidas, acusadas de formar parte del entramado de ETA. La enérgica actuación de Garzón contra el terrorismo vasco tuvo siempre el aplauso de la opinión pública y el apoyo de la mayor parte de los medios de comunicación. Sus actuaciones solamente eran cuestionadas en esa época por los partidos nacionalistas y, con muy poca resonancia en la opinión pública, por los tribunales que luego entendían de los casos que él instruía. En esos años Garzón era admirado por la mayor parte de los ciudadanos y su fama alcanzaba dimensiones desconocidas para sus compañeros de profesión.
Pero el juez Garzón ya no se conformaba con ser un magistrado famoso. Don Baltasar quería llegar más arriba, mucho más arriba. En 1993 Felipe Gonzales lo ficha para las listas de PSOE en ocasión de las elecciones a Cortes Generales, y Garzón se presenta para el Congreso de Diputados como número dos de la candidatura socialista por la circunscripción de Madrid. Elegido diputado, el juez estrella sufrió el mayor desengaño de su vida. Tras utilizarlo como señuelo electoral, Felipe González no le da el Ministerio de Justicia, o el de Interior, que era lo que el juez deseaba, sino que lo nombra Delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre las drogas. Rumiando su frustración, antes de transcurrir un año Baltasar Garzón dimite de su cargo en el Plan y renuncia a su escaño en el Congreso. Masticando un rencor que no se tomó el trabajo de disimular, el magistrado se incorporó a su juzgado en la Audiencia Nacional. En un año muchas cosas habían cambiado: Felipe González lo había humillado y su venganza será terrible.
A poco de reincorporarse a la Audiencia Nacional, Garzón reabre sus investigaciones sobre el llamado "Terrorismo de Estado" que curiosamente habían estado dormidas en algún cajón de su despacho todo el tiempo que había durado su idilio con Felipe González. Impulsados por Garzón los procesos relacionados con el GAL se convirtieron en la pesadilla de González y de su gobierno. José Barrionuevo, Ministro del Interior y Rafael Vera, Secretario de Estado de Seguridad, fueron acusados por el magistrado de dirigir el grupo terrorista y, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a instancia de Vera, invalidó la instrucción realizada por el juez Garzón en el caso Marey por "Ser manifiesta la enemistad entre el juez y el demandante", una segunda instrucción realizada por el juez del Tribunal Supremo Eduardo Moner llevó a los acusados primero a juicio y luego a prisión. Nunca pudo sin embargo Garzón probar que el "señor X" de los GAL hubiese sido Felipe González.
En 1998 Baltasar Garzón abrió un nuevo frente de lucha. Se invistió a sí mismo como defensor urbi et orbi de la ley y el orden con una visión muy amplia de las atribuciones de su juzgado, visión no compartida por otros muchos jueces y tribunales. Una orden de detención internacional contra Augusto Pinochet fue su primera acción en la llamada "jurisdicción universal". Tras Pinochet fueron algunos torturadores argentinos como Adolfo Scilingo los investigados, y a veces juzgados y condenados. Aplaudido por muchos, cuestionado por otros tantos, Garzón había descubierto un nuevo escenario para sus aspiraciones. Otros muchos personajes, Henry Kissinger, Silvio Berlusconi, Osama Ben Laden entre ellos, sucedieron a los dictadores sudamericanos como objetivos temporales de su meteórica carrera hacia la celebridad internacional.
Pero en los últimos años el escenario se le ha complicado. El intento de abrir una especie de "causa general contra el Franquismo", el sobreseimiento de unas diligencias abiertas a Emilio Botín, concurrente con su petición de dinero al banquero para costear unos cursos que iba a impartir en Estados Unidos y el haber ordenado las escuchas de las conversaciones entre acusados y abogados defensores en el caso Gurtel, dan lugar a una serie de denuncias que, tras ser aceptadas por el Tribunal Supremo, lo han sentado en el banquillo.
No son raras en España las controversias sobre las decisiones de los tribunales y en el caso de los procesos que tienen a Garzón como acusado no podía ser de otra forma. Un variopinto grupo de organizaciones, ONGs, partidos políticos, etc., autodenominadas progresistas, han orquestado una verdadera operación de acoso y derribo al Tribunal Supremo. En esa operación participan activamente algunos juristas hispano americanos curiosamente interesados en que "el franquismo" sea llevado ante los tribunales. Especialmente significativas y tristes están siendo algunas de las circunstancias que rodean los procesos: Los intentos de internacionalizarlos poniendo en tela de juicio la capacidad de nuestro sistema judicial y la estrategia de retrasar de forma sistemática las causas mediante la utilización de todas las argucias legales posibles. En los dos casos Baltasar Garzón ha sido el agente más activo y sus actuaciones, recusaciones, solicitud de pruebas testificales, etc. siempre han estado encaminadas a minar la credibilidad del Tribunal Supremo.
Es muy curiosa la figura de un magistrado que va proclamando dentro y fuera del país la supuesta existencia de una "conspiración" que invalida para juzgarle a la práctica totalidad de los jueces del Supremo que han de entender de los causas abiertas contra él. Al descalificar a los jueces del Supremo, Garzón ha descalificado un sistema judicial del que él mismo forma parte, y sobre el que, hasta estos momentos, nunca había manifestado reservas.
Garzón y sus corifeos están haciendo un flaco favor al prestigio de la justicia española. Esperemos que una vez acabados los procesos, y cualquiera que sean las sentencias, se impongan la serenidad y el buen juicio.
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