Los inefables protocolos

Vivimos en una sociedad en la que nadie acepta el error de los demás y en la que todo aquel que se siente mínimamente perjudicado, por acción o por omisión, exige siempre culpables, castigos e indemnizaciones. Para solucionar el problema hemos elevado la aplicación de protocolos a la categoría de panacea universal, convirtiéndola en un ataráxico que permiten eliminar cualquier tipo de responsabilidad o remordimiento.
"Ningún funcionario ni profesional puede ser culpado de los desaguisados originados en el ejercicio de sus funciones si sus acciones se ciñeron estrictamente a los protocolos establecidos." Este dudoso axioma se aplica hoy día en todas las actividades, pero impera con especial rigor en el funcionamiento de las administraciones públicas, donde se considera siempre el procedimiento adecuado por mucho que la aplicación indiscriminada de los protocolos dé lugar frecuentemente a situaciones absurdas y a consecuencias desastrosas.
Ha saltado a las páginas de los periódicos el caso de un matrimonio jiennense detenido por castigar a su hija a no salir de casa unos días de fiesta. Parece ser que una adolescente de 16 años denunció ante la Guardia Civil de Baena que sus padres la habían castigado sin salir durante el puente del Día de Andalucía y que la habían encerrado en casa. Dado que el artículo del código civil que permitía a los padres corregir y castigar moderadamente a sus hijos fue eliminado en la reforma de 2007, la Guardia Civil consideró que los hechos denunciados por la menor podían ser constitutivos de delito y, en consecuencia, activó el protocolo correspondiente, dando conocimiento de los hechos a la fiscalía de menores, al juzgado y a los servicios sociales de la Junta de Andalucía. ¡La tempestad protocolaria estaba en marcha! Fiscalía de menores, juzgado y servicios sociales activaron inmediatamente sus respectivos protocolos y, de forma al parece automática, los padres fueron detenidos bajo la presunción de ser responsables de la detención ilegal de su hija, y ella fue internada en un centro de acogida de menores, a la espera de determinar la existencia de un posible estado de abandono. ¡Glorioso!
Cuentan los papeles que el juez dejó en libertad a los atribulados progenitores a la espera de la dilucidación de los hechos y que la hija sigue en el centro de acogida de la Junta de Andalucía donde, según la consejera de bienestar social Dª, Micaela Navarro, se sigue el protocolo para “saber exactamente qué es lo que ha pasado y para determinar si la menor se encuentra en una situación de desamparo o no, teniendo en cuenta que tiene 16 años, que no es mayor de edad”.
Hubiese sido maravilloso el que en lugar de “activar protocolos” algunos de los funcionarios implicados en el asunto se hubiesen tomado el trabajo de realizar, sin dilaciones, las averiguaciones necesarias para poder interpretar los hechos. Quizás un poco de diligencia y de sentido común nos hubiese ahorrado el asistir asombrados a lo que tiene todas las trazas de ser un esperpento jurídico-administrativo. Los padres no habrían sido detenidos ni sometidos a tan indeseable popularidad y la menor no habría tenido la poco recomendable experiencia de disfrutar de una estancia en un centro de acogida.
Los protocolos, cuando en lugar de ser procedimientos recomendados se convierten en automatismos ciegos, son el refugio dorado de todos los incompetentes, que se sienten liberados de la necesidad de  pensar y tomar decisiones, y son la desesperación de los funcionarios capaces y responsables a los que no permiten actuar según sus criterios de expertos.
P.S. No aclaran las crónicas si los guardia civiles, en aplicación de algún imprescindible protocolo, esposaron a los padres para llevarlos al cuartelillo. Sería terrible que la locura del automatismo moderno se hubiese combinado con lo más profundo de nuestra tradición policial: Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo.